6 meses después de la publicación del Real Decreto, apenas un puñado de instalaciones han legalizado su situación. Hace unas semanas se hablaba de menos de 20 instalaciones dadas de alta en el registro. Ante este panorama, asociaciones de consumidores, ecologistas y representantes de la industria han pedido un aumento del plazo para legalizar las instalaciones. Incluso varias Comunidades Autónomas también han decidido pedirlo, con el objetivo de que cientos de instalaciones se queden fuera de la legalidad.
Los motivos para pedir esta prórroga son variados. Por un lado, el registro web para inscribir as instalaciones no ha estado activo hasta hace un par de meses. Por el otro está el problema de las exigencias técnicas, las cuales no han quedado demasiado claras y muchas veces requieren de obras y de una inversión económica. Hablo por ejemplo de la instalación de otro contador para contabilizar la energía autoconsumida.
Otros de los problemas está con las distribuidoras, las encargadas de cobrar el cargo transitorio por la energía autoconsumida, más conocido como el peaje de respaldo. Ni siquiera ellas tienen claro como proceder. Por si fuera poco, cada una de ellas tiene un esquema de conexión diferente, haciendo que haya diferentes esquemas por todo el estado.
El caso es que cientos de autoconsumidores pueden ver hoy como su instalación pasa a ser ilegal, enfrentándose así a las posibles multas que esto pueda acarrear. Hablamos de hasta 60 millones de euros, una multa realmente desorbitada.
Parece difícil que alguien pueda ser multado tan pronto, pero en palabras de Daniel Perez, abogado especialista en fotovoltaica, es recomendable enviar la solicitud de registro al Ministerio, aunque no se legalice técnicamente la instalación. En caso de algún haber problema legal, esto evitaría que hubiese agravante.
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